El diputado nacional es el primero de los cinco presidenciables del Frente Amplio Unen en postularse. "Hay algunos que pueden lanzarse, ahora mi decisión indeclinable es esperar un año para garantizar la unidad", dijo Elisa Carrió, diferenciándose.
El diputado nacional Julio Cobos lanzó hoy formalmente su precandidatura presidencial en la Federación de Box, con un llamado a "consolidar el federalismo en Argentina" y el pedido a la ciudadanía para que respalde en las urnas al Frente Amplio Unen (FAU). "Este es un espacio para construir esperanza en los jóvenes, dignidad en los trabajadores y darle tranquilidad a los jubilados", afirmó Cobos ante una nutrida tribuna y se comprometió a "consolidar el federalismo en la República Argentina".
El diputado mendocino presentó así su objetivo de "ser gobierno en el 2015" y poner en marcha una gestión "plural, republicana y progresista", que, entre otras cuestiones, defenderá una "nueva ley de coparticipación para las provincias y los municipios".
De esta manera, Cobos fue el primero de los otros cinco presidenciables del FAU -Hermes Binner (FAP), Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y otro radical Ernesto Sanz- en lanzarse a la carrera por suceder a Cristina Fernandez de Kirchner, lo que ya generó algunos cruces al interior de la nueva alianza.
Pese a que desde su lanzamiento en el teatro Broadway, el FAU buscó mostrarse unido, Solanas fue el único de los aspirantes a la Casa Rosada en aceptar el convite de Cobos, aunque, en diálogo con Télam, el líder de Proyecto Sur descartó la posibilidad de que ambos confluyan en una misma fórmula.
"Tenemos diferentes opiniones en muchos temas, pero somos compañeros en la construcción de este espacio democrático y plural", declaró Solanas, quien dijo no compartir la decisión del resto de los presidenciales y pidió "terminar con las mezquindades".
La presentación de Cobos sí fue acompañada por otros referentes del espacio, como Martín Lousteau y Alfonso Prat Gay, precandidatos al Ejecutivo porteño.
La diputada nacional Elisa Carrió se diferenció de Cobos al asegurar que decidió "esperar un año" para lanzar su candidatura presidencial para "garantizar la unidad" del Frente Amplio Unen.
"Me parece bárbaro" que Cobos haya decidido lanzar su candidatura presidencial, dijo Carrió, y agregó que "hay algunos que pueden lanzarse, ahora mi decisión indeclinable es esperar un año para garantizar la unidad del Frente Unen".
En declaraciones a DyN, la legisladora estimó que "el año que viene en marzo o mayo eventualmente lanzaremos nuestra candidatura".
"Este año es necesario que algunos de los integrantes o los líderes del Unen mantengan la unidad porque sino empieza la disputa", advirtió Carrió.
Sin embargo, la diputada desalentó la posibilidad de que el lanzamiento de la candidatura de Cobos pueda provocar divisiones en la coalición opositora.
"Este año es necesario que algunos de los integrantes o los líderes del Unen mantengan la unidad porque sino empieza la disputa", advirtió Carrió.
En el frente del edificio de la Federación de Box se instaló una pantalla, desde donde los jóvenes radicales y los militantes de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) siguieron el acto.
Acompañaron a Cobos en su lanzamiento algunos de sus viejos compañeros de ruta, como los senadores Laura Montero y Eugenio "Nito" Artaza y los diputados nacionales Oscar Aguad y Héctor "Cachi" Gutiérrez, este último precandidato a gobernador bonaerense.
Fueron de la partida además varios dirigentes del Morena, su líder, Ricardo Alfonsín, y el diputado nacional Miguel Bazze, hombre de confianza del hijo del ex presidente, anotado también en la carrera por la gobernación.
Estuvieron también la legisladora porteña de la Coalición Cívica-ARI María Eugenia Estenssoro; la senadora nacional juecista Norma Morandini; el titular de Libres del Sur, Humberto Tumini.
Treinta policías de Río Negro fueron procesados por el juez penal de Viedma, doctor Favio Igoldi, que participaron de las protestas realizadas a fines del año pasado por las calles de esa ciudad en reclamo de mejoras salariales.
La imputación se realiza debido a que en la manifestación se habrían utilizado automóviles y motocicletas oficiales.
“Cuyo uso y conservación les pesaba para el cumplimiento de su labor como fuerza de seguridad provincial, omitiendo ejecutar las normas reglamentarias y legales cuyo cumplimiento les incumbía dándoles a dichos bienes del Estado provincial una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados, ocasionando con ello una afectación a la normal prestación del servicio de seguridad a la población en general y prevención del delito”.
Los efectivos, de distintos rangos y jerarquías, fueron imputados por el delito de “peculado de bienes en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El juez determinó que los policías permanezcan en libertad y dispuso la falta de mérito para cinco uniformados. (NOTICIASNET).
Una liquidación de pago de color fucsia llegará en los próximos días a unos 5.000 morosos de planes habitacionales rionegrinos, según un diagrama establecido para este año por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
El organismo tomó esta determinación en el marco de un proceso iniciado en 2012, vinculado a la recopilación y actualización de información importante respecto de demanda habitacional, y la necesidad de recobrar presencia en el territorio provincial para sanear las cuentas.
La idea central es que el compromiso de pago sirva para financiar nuevos planes. Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Social, Raúl Martínez, señaló a "Río Negro" que existe una "obligación contractual" y en el medio "hay quienes no pagan" y por lo tanto los adjudicatarios "deben honrar su deuda".
Agregó que "si hay gente que mira de afuera" y no se cumple el "rol social" del IPPV de otorgar viviendas" esto "sería una inmobiliaria" y se desvirtuarían los fines.
En esta segunda etapa del plan trazado por el extitular del IPPV, Luis Bardeggia -hoy diputado nacional- y el presidente ad honórem, Julio Arrieta; implican terminar con las moratorias que permitieron al organismo obtener recaudación récord (Agencia Viedma)
Leé la nota completa en la edición de hoy de "Río Negro.
Retirados del decreto 7 lograron su objetivo y una ley les permitirá cobrar
Ayer fueron notificados del proyecto que se enviará a la Legislatura para su aprobación. El monto que cobrará cada uno se sacará de un coeficiente.
En el Patio Colonial de Casa de Gobierno, el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, recibió a una delegación de retirados del decreto 7. Y fue el responsable de dar la noticia más esperada a ese puñado de hombres y mujeres que a lo largo de los años no han cesado en el reclamo de justicia. Por una vez, esos ex trabajadores del Estado tuvieron una sonrisa dibujada en sus rostros marcados y doloridos por tanta lucha. El funcionario provincial les anticipó que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, remitirá en las próximas horas un proyecto de ley con Acuerdo General de Ministros para establecer un beneficio especial extraordinario a los trabajadores retirados bajo el Decreto 7/97.
El mencionado beneficio, según el proyecto, consistirá en el otorgamiento de una suma de dinero que se calculará contemplando las pautas y fórmula de liquidación correspondientes. Se facultará al Ministerio de Economía a establecer el mecanismo de pago de la bonificación en un plazo que no podrá exceder los 30 días hábiles y posterior a la fecha de finalización del proceso de adhesión establecido en el artículo 3º, priorizando con menores plazos la cancelación de los beneficios de menor monto.
Cálculo De este modo, el beneficio se calculará como la suma simple de la diferencia producto de la disminución de las remuneraciones brutas resultantes de la aplicación de lo establecido en el artículo 7º de la Ley Provincial 2.989 y el Decreto de Naturaleza Legislativa 5/97, y el haber bruto que hubiere percibido el agente de haberse calculado sin contemplar los descuentos salariales mencionados, ocurridas en el período comprendido entre el momento del cese de la relación laboral del empleado con el Estado y el 31 de diciembre de 2005, multiplicado por un ponderador que en ningún caso podrá superar el 2,00. En los fundamentos elevados por el Gobernador se establece: “En función de la paulatina y ordenada superación del estado de emergencia pública que se registra a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno, existe voluntad para atender la situación planteada por los retirados en orden a aquella expectativa”. Si bien no trascendieron las cifras a las que se llegará, se estima que la deuda que se reconocerá estará en el orden de los 20 millones de pesos que se cancelarán en cuotas priorizando los montos de menor cuantía.
Emoción y satisfacción Visiblemente emocionado, Jorge Mosquera, uno de los principales luchadores del decreto 7, contó con alegría “el cumplimiento de la palabra del Gobernador de firmar el decreto para cubrir la injusticia que sufrimos los retirados del decreto7”, dijo en primera instancia en Radio Noticias. “Fueron 15 años de lucha”, agregó el ex empleado del Estado. “El reconocimiento económico no es lo más importante sino cubrir la injusticia que se cometió”, explicó el ex delegado de Obras y Servicios Públicos. Fue especialmente crítico con quienes ejecutaron esta directiva que ideó Pablo Verani en tiempos de ser gobernador. También de la gestión de Miguel Saiz que “nos llenó de promesas que jamás cumplió”, dijo.
“Los de la 1.844 la mayoría se murió”, contó con dramatismo y emoción después de contar algunas historias particulares que marcaron a los que se quedaron luchando y peleando por emparchar una injusticia que duró 15 años. Recordó sus recorridas por la Provincia, el modo que se fueron juntando para emprender la lucha y a sus familiares que lo acompañaron. También convocó para el jueves a Casa de Gobierno (Patio Colonial) para recibir la copia del proyecto de ley que se remitirá a la Legislatura en los próximos días por el Gobernador con Acuerdo de Ministros, esto permitirá que se trate en única vuelta para su aprobación por el pleno.
El sábado comenzará la inscripción para el proceso de empadronamiento de los ciudadanos bolivianos residentes en la Patagonia. Los registrados podrán por primera vez votar en Viedma a las futuras autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia.
De acuerdo a lo anunciado ayer por el vicecónsul Guido González Paz, la inscripción para el padrón electoral estará abierta hasta el 9 de junio. Viedma, como sede del consulado para toda la Patagonia, será el lugar no sólo de inscripción sino también de votación en el momento en que se convoque, de todos los bolivianos residentes al sur del río Colorado, hasta Tierra del Fuego.
El llamado a inscripción incluye a los ciudadanos de 18 años cumplidos, para lo cual deberán presentar la célula de identidad boliviana vigente o el pasaporte, también en vigencia.
La Municipalidad de Viedma tiene un convenio de hermandad con Cochabamba, donde murió Francisco de Viedma. En septiembre de 2009, una delegación de la comuna, que incluyó a Jorge Ferreira, Ariel Gallinger, Mercedes Querejeta y Darío Berardi, llevó una carpeta de la comunidad boliviana que fue entregada al entonces vicepresidente, Alvaro García Linera, con el pedido para que la comunidad pueda votar en la Argentina. Cinco años después, este pedido se concreta.
La seccional Río Negro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició hoy un paro de 48 horas, con un campamento de protesta en la plaza San Martín de Viedma en las puertas de la Casa de Gobierno, en reclamo por la reapertura de la mesa paritaria salarial y la incorporación de personal contratado.
Fernando Fuentes, titular del sindicato en el orden provincial, dijo a Télam que "el gobierno acaba de firmar una renovación de contratos petroleros que significará para la provincia, en el segundo semestre del año, el ingreso de importantes sumas de refuerzo presupuestario".
"Nuestro pedido es que ese dinero se destine a mejorar los salarios del sector público, además de las necesarias de infraestructura educativa y sanitaria", añadió el dirigente, durante el inicio del acampe enfrente de la sede gubernamental.
Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck descartó la posibilidad de nuevas discusiones salariales con los empleados estatales y afirmó que "es imposible reabrir la paritaria".
"Les serán descontados los días de paro, tanto el de hoy como el de mañana, y no tenemos nada más que hablar mientras duren las medidas de fuerza", agregó el mandatario, en breve diálogo con la prensa tras un acto en el patio interior de la casa de Gobierno.
En la plaza San Martín, en tanto, unas 300 personas se disponían a montar una olla popular y armaban las carpas con las que proyectan pernoctar en el sitio, a pesar de las molestias ocasionadas por los chaparrones intermitentes que caen sobre la capital rionegrina. (Télam)
El primer voto fue de Eduardo Roumec. (Foto: Archivo)
La Cámara Laboral rechazó un planteo sobre diferencias salariales que fue presentado en 2012.
DeViedma
La Cámara Laboral de la Primera Circunscripción Judicial rechazó las pretensiones de unos 170 empleados municipales de esta capital en sus intentos de conseguir una mejora salarial en base a una interpretación del piso que establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En la actualidad se mantiene en 3.600 pesos.
Con el voto del doctor Eduardo Roumec, y la adhesión de los camaristas Ernesto Rodríguez y Jorge Bustamante; se omitió hacer lugar a la demanda entablada por ese grupo en cuanto exigían un reconocimiento de diferencias salariales entre los haberes que les fueran abonados y escalas que surgen de aplicar, en forma correcta según los agentes, del artículo 164 de la Ordenanza N° 3.329.
Ese punto determina en su primera parte la relación entre cada una de las categorías dada por los distintos valores de los coeficientes por los que se multiplica el sueldo correspondiente a la categoría más baja del escalafón (16). La segunda estipula que el piso de dicha categoría no podrá ser inferior al importe fijado como SMVM.
En el descargo ante el tribunal, la Fiscalía Municipal dio su interpretación afirmando que "lo que no puede ser inferior al monto del SMVM no es el importe del salario básico sino la remuneración total del trabajador".
Agrega que "el concepto del SMVM no debe ser confundido con el salario básico de convenio, el que resulta ser sólo una porción de la remuneración total". En consecuencia entiende que la Municipalidad capitalina "está obligada a garantizar que las remuneraciones no sean inferiores al SMVM y no que el básico no sea inferior al salario mínimo".
Puntualiza que los empleados que entablaron la demanda "perciben salarios superiores a éste, lo que demuestra la sinrazón" del reclamo".
Al evaluar los planteos que datan de 2012, el camarista Roumec avaló este último análisis que redactó el fiscal Luis Fernando Sabbatella.
La sentencia del expediente N° 399 dispensa de costas a los empleados como accionantes bajo el argumento de que "bien pudieron creerse con razón jurídica suficiente para demandar como lo han hecho.
