Toda la inquina y polarización partidista acumulada en Estados Unidos desde hace varios años –prácticamente, desde que
Barack Obama
asumió la presidencia por primera vez- ha conducido finalmente al país a
una
situación límite que permite visualizar claramente el grado de
inoperancia al que se ha llegado en Washington y la crisis general del
sistema político:
el cierre indefinido de la administración federal
y los servicios públicos.
El último precedente se dio durante la
Administración Clinton y duró 22 días, del 15 de diciembre de 1995 al 6
de enero de 1996.
Semejante degradación de la actividad política tiene que ser, por
fuerza, consecuencia de múltiples culpables y de males que incluso se
remontan a décadas anteriores. Pero es inevitable señalar, ante la
suspensión de actividades en la nación más poderosa del mundo, la
responsabilidad inmediata del Partido Republicano, que sucumbió ante la
amenaza de su extrema derecha,
concentrada en el Tea Party, y le negó al presidente una extensión del presupuesto que estaba obligado a darle, por ley y por sentido común.
Sin esa extensión, y ante la negativa del Congreso a aprobar el
presupuesto que Obama presentó a principios de año,
el Gobierno federal
no tiene dinero para pagar a sus empleados. Cientos de miles de ellos se
quedarán a partir de hoy en sus casas sin cobrar el sueldo. Todos los
servicios públicos,
incluidos la sanidad, la educación y las fuerzas
armadas, se mantendrán únicamente con el personal imprescindible. Los
ministerios cerrarán sus puertas, así como otras muchas oficinas del
Estado.
En realidad, será el paraíso de anarquía liberal con el que el Tea
Party sueña, el mundo sin gobierno que el extremo conservadurismo
norteamericano predica a diario. Para esa derecha, el símbolo supremo
del horror estatista es
la reforma sanitaria
que Obama consiguió sacar adelante con muchas dificultades en 2010.
Sobre esa reforma –o la caricatura que la demagogia ultra ha hecho de
esa reforma- se centra la ofensiva que ha acabado con este cierre de la
Administración.
La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, exigió,
primero, que la extensión del presupuesto fuese condicionada a la
eliminación de los fondos para seguir adelante con la reforma sanitaria.
En un siguiente paso, algo más modesto, pidió que la aplicación de la
reforma, que entra plenamente en vigor el 1 de enero de 2014, se
retrasase un año. Ninguna de las dos condiciones fueron aceptadas por la
Casa Blanca ni por los demócratas en el Senado, que consideraron la
maniobra un chantaje inadmisible. No hay precedentes de que, para
cumplir con la rutina de extender el presupuesto –a lo que el Congreso
está constitucionalmente obligado-, se demande la abolición o suspensión
de una ley debidamente aprobada y, en este caso, ratificada por el
Tribunal Supremo.
Esa ley puede ser difícil de aplicar. Creará, tal vez, algunas
complicaciones burocráticas, puesto que no es sencillo integrar de
repente en un sistema sanitario a millones de personas. Pero, en última
instancia, puede conseguir que solo un número residual de personas quede
sin seguro de salud en un país que tradicionalmente ha tenido a decenas
de millones desprotegidas.
Una de las grandes paradojas de la crisis actual es que hubiera sido
fácil de evitar con un poco más de coraje del liderazgo republicano en
el Congreso. Todos los observadores coinciden en que existían
suficientes votos en la Cámara de Representantes como para aprobar la
extensión del presupuesto sin añadidos ni condiciones. La suma de
demócratas y republicanos moderados es, en teoría, suficiente como para
sacar adelante la ley de extensión. El problema es que eso ni siquiera
ha sido sometido a votación porque
el presidente de la Cámara, John Boehner,
un centrista, no se ha atrevido a desafiar al Tea Party. Faltan solo 13
meses para las próximas elecciones legislativas, y los republicanos
saben lo peligroso que resulta enfrentarse a ese sector del partido,
amplio dominador de las emociones de las bases.
El caso es que, entre chantajes, miedos e impotencia –unido a la
incapacidad de los demócratas y de Obama de movilizar convenientemente a
la opinión pública a favor de su reforma sanitaria-, se ha llegado a
esta situación, que puede causar un serio perjuicio económico, pero,
sobre todo, daña la imagen del país que debía dar ejemplo de firmeza y
coherencia en la conducción de su política, no por razones morales, sino
porque es el sostén de la economía mundial y el principal implicado en
la seguridad internacional.
Y lo peor es que, con ser grave lo que ha ocurrido, es mucho menos
grave que lo que puede ocurrir. El 17 de octubre EE UU alcanza el techo
de deuda. Si el Congreso no autoriza nuevo endeudamiento, el Gobierno
tendrá que suspender pagos, incluidos los beneficios de los bonos del
Tesoro. Pero el Congreso, nuevamente, condiciona esa autorización a la
suspensión o eliminación de la reforma sanitaria. Los efectos sobre la
economía mundial de una suspensión de pagos por parte de EE UU serían
tan atroces, que se confía en que haya antes una solución. Pero todo lo
dicho más arriba puede repetirse aquí para contener ese optimismo.
Viedma y Patagones
01-10-2013 09:19:50
Joven murió tras choque en la costanera.
El accidente se produjo en cercanías del Puente Basilio Villarino, donde
un joven que se movilizaba en su motocicleta cerca de las 4 de la
mañana, perdió el control del vehículo e impactó contra el cordón.
Se trata de un joven de entre 25 y 26 años, domiciliado en el barrio 20
de Junio quien se llevó la peor parte del siniestro: murió de manera
instantánea luego de impactar contra el cordon y un arbol del lugar, a
pesar de llevar casco. Aparentemente el joven circulaba a mucha
velocidad.
Las circunstancias del accidente todavía se tratan de establecer.
